1. Introducción, Déficit y Política Habitacional.

Por décadas, los gobiernos democráticos han mantenido en vigencia políticas públicas subsidiarias para atender el déficit habitacional, cuya mirada cuantitativa absolutamente sesgada y sin planificación alguna hasta el año 2006, terminaron por consolidar a lo largo del territorio nacional la conformación de ciudades completamente segregadas a merced de la gestión inmobiliaria de privados; abarrotando, preferentemente la periferia de las urbes, de barrios conformados por viviendas de carácter público de bajo costo sin acceso a equipamientos y servicios, las cuales solo aumentaron el déficit urbano habitacional cualitativo del país.

El actual contexto post pandémico y de inestabilidad económica a nivel global, la retracción de la oferta inmobiliaria, el aumento de la cesantía, el incremento del costo de vida, el alza de los créditos y aumento de los requisitos de postulación, han agudizado el problema habitacional. Además, de las contingencias internacionales, es factible atribuir a factores históricos la acentuación de esta crisis; asociados principalmente a políticas estatales que no han tenido buenos resultados en la obtención de suelos urbanos bien localizados, en adición al arraigo popular de obtener una vivienda en propiedad individual como respaldo a la vejez, la tercerización de la gestión de los subsidios y los extenuantes periodos de elaboración, aprobación y ejecución de los proyectos, han decantado en el desinterés generalizado de las familias por formar parte de los programas habitacionales, quienes han optado por residir en condición de allegamiento, acrecentando el actual déficit cuantitativo que alcanza cifras cercanas a las 600.000 unidades de vivienda a nivel nacional.

Afortunadamente, nos encontramos en un punto de consenso y lucidez critica en cuanto a la gestión en política habitacional, que reconoce las deficiencias en planificación y asume un enfoque que apuesta por la multi-escalaridad del desarrollo del hábitat residencial, lo cual se intenta plasmar en la más reciente Ley N°21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, publicada en el D.O. del 27 de mayo de 2022. En esta misma dirección han surgido una serie de proposiciones para fomentar la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías centradas en el trabajo colaborativo durante el ciclo de vida de los proyectos. Destacan programas e iniciativas impulsadas por CORFO, a cargo de Construye 2025 y Planbim, para la implementación del requerimiento BIM en vivienda pública, el cual actualmente es de carácter voluntario, pero que gradualmente se exigirá su implementación.

Ambas medidas de gestión reconocen en su génesis, un cambio de mentalidad en el proceso de formulación y planificación del desarrollo habitacional; en lo que respecta al rubro del diseño y construcción, se enfatiza en la relevancia de incorporar nuevas tecnologías que faciliten la transformación digital interdisciplinaria, para así establecer canales de diálogo entre los principales actores involucrados. Particularmente, para quienes forman parte de entidades patrocinantes, constructoras y subcontratos de especialidades, el llamado a sostener un enfoque multiescalar – social, económico y medioambiental – debe ser convocante para que el procedimiento entregue los beneficios anhelados, es esencial asumir la relevancia de las acciones coordinadas y el control de flujos de información a lo largo de todas las etapas de los proyectos habitacionales.

En etapas tempranas de factibilidad y aprobación (incluido diseño), resulta vital contar con la posibilidad de detectar problemas e incorporar soluciones a tiempo y con ello, acelerar periodos de evaluación municipal o de SERVIU. En tanto para etapas de construcción y operación, focalizar los recursos en post del incremento de la productividad y sustentabilidad (reducir costos y plazos en obra), e incluso alcanzar instancias donde quienes estén a cargo de la administración de las viviendas (ya en uso), puedan manipular softwares que realicen seguimientos e identifiquen los ciclos de vida de los materiales, equipos, artefactos, etc., y en base a ello, realizar mantenciones oportunas o eventualmente modificaciones programáticas internas que permitan entregar respuestas pertinentes ante la situación y diversidad familiar de quienes habiten esas edificaciones (fomento al dinamismo programático al interior de un inmueble).

2. Potencial y Requerimiento BIM en Vivienda Pública.

Para los optimistas, en quienes me incluyo, la incorporación de metodologías BIM en proyectos de interés público, representa de manera rotunda una declaración política con respecto a las acciones para reducir el déficit habitacional; nos plantea de manera explícita su vocación por alcanzar un objetivo mediante acciones individuales y colectivas coordinadas a través de un conjunto de estrategias, lineamientos, instrumentos y recursos tecnológicos que persiguen alcanzar la reducción de los tiempos de entrega y control de costos de los proyectos, junto con la proyección del ciclo de vida de las edificaciones, además de la factibilidad de ampliar las propuestas existentes a nuevas soluciones constructivas (como viviendas industrializadas, uso de prefabricados, flexibilidad programática, etc.) y el fomento de una industria colaborativa.

En esta línea de desarrollo y gracias al trabajo conjunto entre MINVU y Planbim, se han establecido los primeros requerimientos estandarizados de la implementación del BIM en vivienda pública, basados en los estándares internacionales aplicables a los procesos regulares de diseño y construcción regidos por la normativa local correspondiente. Para el caso nacional, los primeros pilotos apuntan principalmente a la gestión del flujo de información en aquellos proyectos acogidos a los programas de vivienda DS19, DS49 y DS27, inicialmente. En términos prácticos, el requerimiento BIM actual establece que todos los modelos por disciplina deben ser exportados en formato IFC con las entidades, categorías y parámetros apropiados, para que cada externo pueda subir dicho archivo a la plataforma web PARPro, de este modo, el equipo de revisores del MINVU puede someter todos los modelos a evaluación digital automática y obtener la aprobación de parte de la División de Política Habitacional (DPH) del MINVU, garantizando una disminución de tiempo considerable en la revisión de los proyectos.

En mi condición de optimista, me permito pensar que, a los actuales buenos resultados obtenidos por los primeros proyectos piloto, en materia de disminución de tiempos de revisión, tendremos la posibilidad de ampliar el uso de estos modelos, al punto de generar rentabilidades en ejecución y mantención de las obras en el mediano plazo; para así alcanzar en el largo plazo, el desarrollo constante de herramientas y plataformas tecnológicas con recursos estatales y privados que optimicen la gestión de la data informativa, en post de fortalecer la presencia del estado en temas de vivienda, permitiéndole transitar desde un rol subsidiario a la conformación de un sistema productor compartido. 

Apostando por ello, en BuildBIM nos permitimos explorar las potencialidades de la aplicación de la metodología BIM en etapas tempranas de proyecto y el eventual desarrollo de plataformas digitales nacionales.

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